Comunicado del GESP en repudio a la modificación de la Ley de Defensa y Seguridad

23 de agosto de 2013

Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre el Paraguay (GESP- IEALC,UBA) hemos manifestado repetidamente nuestra preocupación por la escalada en la violencia represiva que viene sufriendo la población paraguaya, tanto a través de la acción directa del aparato represivo estatal o del sicariato para-estatal como a través de montajes institucionales judiciales que vulneran los más inmediatos derechos individuales.

El reciente ascenso al Poder Ejecutivo del empresario Horacio Cartes, quien eligió al Partido Colorado para oficializar su candidatura, está corroborando en estos momentos los temores que las organizaciones sociales y de derechos humanos le dedicaban. Entendemos que la modificación a la ley de Defensa Nacional, resuelta por el Congreso, le otorga una fachada legalista al Estado para desplegar su aparato represivo. Lo cual, sumado a la sistemática violación de las garantías constitucionales operada en el juicio de Curuguaty, abre un panorama de extrema fragilidad para la defensa de los derechos humanos.

Entendemos que estamos transitando (hacia) un horizonte autoritario que, aunque mantenga una fachada de división de poderes, va reconstruyendo una línea de continuidad con lo más perfeccionado del stronismo en cuanto a la construcción de un enemigo interno: lo suficientemente impreciso para incluir en él a cualquier opositor y para sancionar cualquier conflicto social y, lo claramente preciso para demarcar una línea divisoria sobre quienes debe recaer todo el aparato represivo del Estado y quienes deben ser salvados. Creemos —casi con certeza— que esta ley redundará y ampliará las experiencias de persecución, apresamiento y eliminación de dirigentes y luchadores sociales sin solucionar el problema de la violencia mafiosa. 

Para justificar la militarización se argumentó la necesidad de tomar medidas en torno a lo ocurrido en Tacuati, donde murieron cinco personas presuntamente en manos del EPP (grupo del que no se ha investigado de manera relevante en casi una década y que ha servido, como bien se ha resaltado reiteradas veces, para intensificar la represión a las luchas campesinas en la zona de mayor conflicto social por la tierra).

Llama la atención la similitud con lo ocurrido tras la masacre de Marina kue (“la Masacre de Curuguaty"), detonante a partir del cual, una semana más tarde, se producía el Golpe de Estado Parlamentario. Seguimos sin saber qué pasó en Curuguaty y tampoco sabemos qué pasó en Tacuati.

En ambas situaciones, el actual presidente así como los dos partidos tradicionales (ANR y PLRA) tuvieron un rol preponderante tanto proponiendo las medidas como dando su apoyo a través de los votos.

Creer en las promesas de que, con estos dispositivos de mano dura, fortalecerán la democracia sería incurrir en un error histórico. Lo que se pretende es generar un consenso en torno a la inseguridad y a los enemigos potenciales internos (tal como se hizo durante la dictadura Stronista por medio de las “leyes liberticidas” Nº 294/55 y Nº 209/70, en las cuales “para defender la democracia” se habilita la persecución de “comunistas” o personas que “quisieran destruir las clases sociales”) para justificar la intervención del Estado por medio de las Fuerzas Armadas.

A escala regional se atravesó un proceso semejante que ocurrió en Perú y que dio origen al llamado ‘Fujimorazo’, en el que Fujimori, con el “fin de exterminar la guerrilla de Sendero Luminoso” en el campo, realizó un auto golpe, disolviendo el Parlamento y la Justicia, quedando un Ejecutivo extremadamente fuerte con el apoyo total de las Fuerzas Militares.

En junio del 2012 se consolidó en Paraguay un Estado autoritario que va ejerciendo un mayor poder represivo contra sectores populares a la par que otorga beneficios al sector más concentrado de los dueños del capital y la tierra.

Así como el año pasado repudiamos el así llamado "Juicio Político" a Lugo, por entender que era una maniobra neo-golpista para terminar con un mandato presidencial elegido por mayoría en elecciones libres, en el 2013 remarcamos nuestro rechazo rotundo a la militarización y repudiamos la modificación a la ley de defensa, sumándonos con ello al rechazo expresado por organizaciones sociales y partidos políticos opositores dentro del Paraguay.

Asimismo, aguardamos el pronunciamiento de repudio por parte de las fuerzas progresistas de la región y de los gobiernos como forma de reafirmar que la unidad regional debe solidificarse sobre la base del pleno respeto de los derechos humanos.

Queremos subrayar nuestra solidaridad con la lucha del campesinado, que viene soportando las arremetidas de distintos gobiernos, haciendo un especial llamado a la movilización social y la concentración popular.