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Octubre de 2014

De manera cíclica, cuando la economía argentina inicia su fase compleja o evidencia algún signo de decadencia, los inmigrantes (especialmente los provenientes de países limítrofes) se conforman en el colectivo que experimenta todos los intentos gubernamentales de encontrar un chivo expiatorio.

Desde la Ley de Residencia, hasta el intento de bloquear completamente las fronteras; desde los proyectos de leyes de los noventa en los que se instaba a “los vecinos nacionales” a denunciar a aquellos habitantes nacidos en otros países y denominados “ilegales”, desde las acusaciones infundadas de robar el trabajo a “los lugareños” y saturar los sistemas públicos de salud y educación, hasta la afirmación de que “Estamos infectados de delincuentes extranjeros” (Berni,28/10/2014), los argumentos que criminalizan, discriminan y estigmatizan a los migrantes se han radicalizado y han mutado a lo largo de las décadas.

Actualmente nos encontramos en una nueva mutación que puede llegar a tener fuertes consecuencias para la vida institucional del país. Puesto que el proyecto de Código Procesal Penal recientemente elevado por el Poder Ejecutivo para que sea discutido en el Parlamento, manifiesta, en su artículo 35, un tratamiento diferencial del acusado si éste fuera inmigrante. Allí, en un agregado que no corresponde a ningún ítem en particular, se estipula que la suspensión de la prueba “podrá aplicarse a un extranjero en situación irregular en el país que haya sido sorprendido en flagrancia de un delito, conforme con el artículo 184 de este Código, o imputado por un delito con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a TRES (3) años de prisión. La aplicación del trámite previsto en este artículo implicará la expulsión del territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho de reunificación familiar”.

Consideramos que este tratamiento diferencial del inmigrante contribuye a estigmatizar u otorgarle especial peligrosidad a su condición, ya que supone que ésta es una cuestión que debe ser tenida en cuenta a la hora de juzgar sus delitos. Pero además, esta propuesta contiene al menos dos cuestiones que –pensamos– deben ser reconsideradas. En primer lugar, el hecho de que está dirigida al delito pequeño, de tres años o menos de prisión, y no –como afirmó el Secretario de Seguridad (en el programa de televisión “Palabras más, palabras menos”,28/10/14)– a las asociaciones ilícitas que migran a la Argentina exclusivamente para delinquir. Por otro lado, la flagrancia se convierte en una especie de agravante de la pena, lo cual le otorga a una fuerza de policía sumamente cuestionada, el carácter de testigo de parte, que dé cuenta y prueba de que justamente se trata de un delito in fraganti.

En conjunto, este artículo parece vulnerar aún más a sectores ya vulnerados tanto por la migración como por la pobreza y con ello constituye una doble discriminación, de nación y de clase. No solo porque apunta al pequeño delito, sino porque una posible expulsión podría significar un beneficio para los delincuentes verdaderamente poderosos capaces de negociar condiciones óptimas de recepción en sus países de origen, mientras que constituiría en un doble castigo para el pobre, castigo por haber delinquido y por ser un inmigrante “irregular”.   

Consideramos que estas cuestiones merecen ser debatidas honestamente y revisadas por los legisladores para evitar formas “legales” de discriminación y en aras de superar las estigmatizaciones todavía presentes en la sociedad, fundamentalmente en ciertos discursos facilistas, con fuerte eco en los medios de comunicación más conservadores, que esconden bajo el argumento de la “otredad” migrante, los mecanismos de desigualdad –verdaderamente constitutivos del delito– de los que ellos son parte privilegiada.

Agosto de 2014

Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay repudiamos las declaraciones del Secretario de Seguridad Sergio Berni, en las que sostuvo que Argentina debería deportar a los “delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir”. En numerosos estudios se ha demostrado que la incidencia de los inmigrantes en los índices de criminalidad es irrisoriamente baja. Así como se ha demostrado que los migrantes tampoco inciden en la profundización del desempleo. Estos argumentos son xenófobos y pretenden culpabilizar a un colectivo por “portación de nacionalidad”, así como en otros momentos de la historia se ha acusado y estigmatizado por “portación de cara”. Acusaciones similares a las del Sr. Berni fueron anteriormente sostenidas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el contexto de “la toma” del Parque Indoamericano y reproducen las narrativas de la década del ’90, en la que se buscó depositar en los inmigrantes limítrofes los problemas de la falta de trabajo y pobreza tan característicos del modelo económico. Hacer una lectura nacionalista de los actos delictivos sólo sirve para profundizar la discriminación y desoír las claras relaciones que existen entre estas actividades y la desigualdad económica existente en la región. Declaraciones como "Este fin de semana detuvimos más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir. Esto corresponde a la laxitud del sistema penal y del penitenciario" alimentan la xenofobia e impiden un abordaje real de las características de la migración regional a la Argentina, así como tampoco colaboran a disminuir la “inseguridad”. 

Desde el GESP, hacemos un llamado a eliminar estos estigmas y a evitar un retorno discursivo a los ’90, década en la que los migrantes limítrofes fueron acusados injustamente de las consecuencias económicas de un sistema desigual, no distributivo y empobrecedor de gran parte de la sociedad.

26 de Marzo de 2014

Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP) apoyamos la Huelga General en Paraguay del 26 de marzo. Creemos, como siempre hemos manifestado, que sólo la organización y la lucha popular pueden revertir las injusticias políticas, sociales y económicas que han padecido los pueblos de Latinoamérica.
Este miércoles 26 estaremos con cada campesina/o trabajador/a y estudiante que marche por Paraguay. Acompañamos toda acción de resistencia popular que tienda a la construcción de un sistema justo e igualitario.

Invitamos a todxs a sumarse a las movilizaciones, marchas y piquetes.

Invitamos a todxs a participar de la Encuentro: “Criminalización de la protesta campesina en Paraguay”. 

Organizan: El Movimiento 138, apoyado por el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (IEALC-UBA).

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), Santiago del Estero 1029, Aula 206.

Fecha: 20 de Septiembre de 2013. 17.00 hs.

Participan: Juan Martens y Dante Leguizamón, ambos abogados especialistas en Derechos Humanos.

23 de agosto de 2013

Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre el Paraguay (GESP- IEALC,UBA) hemos manifestado repetidamente nuestra preocupación por la escalada en la violencia represiva que viene sufriendo la población paraguaya, tanto a través de la acción directa del aparato represivo estatal o del sicariato para-estatal como a través de montajes institucionales judiciales que vulneran los más inmediatos derechos individuales.

El reciente ascenso al Poder Ejecutivo del empresario Horacio Cartes, quien eligió al Partido Colorado para oficializar su candidatura, está corroborando en estos momentos los temores que las organizaciones sociales y de derechos humanos le dedicaban. Entendemos que la modificación a la ley de Defensa Nacional, resuelta por el Congreso, le otorga una fachada legalista al Estado para desplegar su aparato represivo. Lo cual, sumado a la sistemática violación de las garantías constitucionales operada en el juicio de Curuguaty, abre un panorama de extrema fragilidad para la defensa de los derechos humanos.

Entendemos que estamos transitando (hacia) un horizonte autoritario que, aunque mantenga una fachada de división de poderes, va reconstruyendo una línea de continuidad con lo más perfeccionado del stronismo en cuanto a la construcción de un enemigo interno: lo suficientemente impreciso para incluir en él a cualquier opositor y para sancionar cualquier conflicto social y, lo claramente preciso para demarcar una línea divisoria sobre quienes debe recaer todo el aparato represivo del Estado y quienes deben ser salvados. Creemos —casi con certeza— que esta ley redundará y ampliará las experiencias de persecución, apresamiento y eliminación de dirigentes y luchadores sociales sin solucionar el problema de la violencia mafiosa. 

Para justificar la militarización se argumentó la necesidad de tomar medidas en torno a lo ocurrido en Tacuati, donde murieron cinco personas presuntamente en manos del EPP (grupo del que no se ha investigado de manera relevante en casi una década y que ha servido, como bien se ha resaltado reiteradas veces, para intensificar la represión a las luchas campesinas en la zona de mayor conflicto social por la tierra).

Llama la atención la similitud con lo ocurrido tras la masacre de Marina kue (“la Masacre de Curuguaty"), detonante a partir del cual, una semana más tarde, se producía el Golpe de Estado Parlamentario. Seguimos sin saber qué pasó en Curuguaty y tampoco sabemos qué pasó en Tacuati.

En ambas situaciones, el actual presidente así como los dos partidos tradicionales (ANR y PLRA) tuvieron un rol preponderante tanto proponiendo las medidas como dando su apoyo a través de los votos.

Creer en las promesas de que, con estos dispositivos de mano dura, fortalecerán la democracia sería incurrir en un error histórico. Lo que se pretende es generar un consenso en torno a la inseguridad y a los enemigos potenciales internos (tal como se hizo durante la dictadura Stronista por medio de las “leyes liberticidas” Nº 294/55 y Nº 209/70, en las cuales “para defender la democracia” se habilita la persecución de “comunistas” o personas que “quisieran destruir las clases sociales”) para justificar la intervención del Estado por medio de las Fuerzas Armadas.

A escala regional se atravesó un proceso semejante que ocurrió en Perú y que dio origen al llamado ‘Fujimorazo’, en el que Fujimori, con el “fin de exterminar la guerrilla de Sendero Luminoso” en el campo, realizó un auto golpe, disolviendo el Parlamento y la Justicia, quedando un Ejecutivo extremadamente fuerte con el apoyo total de las Fuerzas Militares.

En junio del 2012 se consolidó en Paraguay un Estado autoritario que va ejerciendo un mayor poder represivo contra sectores populares a la par que otorga beneficios al sector más concentrado de los dueños del capital y la tierra.

Así como el año pasado repudiamos el así llamado "Juicio Político" a Lugo, por entender que era una maniobra neo-golpista para terminar con un mandato presidencial elegido por mayoría en elecciones libres, en el 2013 remarcamos nuestro rechazo rotundo a la militarización y repudiamos la modificación a la ley de defensa, sumándonos con ello al rechazo expresado por organizaciones sociales y partidos políticos opositores dentro del Paraguay.

Asimismo, aguardamos el pronunciamiento de repudio por parte de las fuerzas progresistas de la región y de los gobiernos como forma de reafirmar que la unidad regional debe solidificarse sobre la base del pleno respeto de los derechos humanos.

Queremos subrayar nuestra solidaridad con la lucha del campesinado, que viene soportando las arremetidas de distintos gobiernos, haciendo un especial llamado a la movilización social y la concentración popular.

Invitamos a todxs a participar de la Encuentro: “Golpe y Derechos Humanos en Paraguay”. 

Organizan: El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (IEALC-UBA) y Movimiento 138 .

Lugar: Auditorio del CELS. Piedras 547, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fecha: 06 de Marzo de 2013. 17.00 hs.

Participan: En la charla expondrán Jorge Lara Castro (ex canciller paraguayo durante el gobierno de Fernando Lugo Méndez), Perla Álvarez (Integrante de CONAMURI), Clyde Soto (Integrante de CODEHUPY), Domingo Laíno (presidente del PEICC) y Jorge Taiana (ex canciller argentino).

Invitamos a todxs a participar de la Charla-Debate: Juicio político en Paraguay tras la masacre de Curuguaty. Abordajes jurídicos y presentación de informe técnico-pericial”. 

Organizan: Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay.

Auspician el evento: CAUCE en Derecho y Movimiento 138 (Bs.As.)

Lugar: Facultad de Derecho (Universidad de Buenos Aires), Avenida Figueroa Alcorta Nº2263, aula 1 de extensión universitaria.

Fecha: 23 de Noviembre de 2012. 18.30 hs.

Participan: Adolfo Ferreiro (Abogado defensor del ex presidente Fernando Lugo), Guillermo Ferreiro y Vicente Morales (miembros del comité de investigación de la masacre de Curuguaty y defensores de los campesinos acusados), y Fernando Martínez Escobar (GESP/CONICET). La moderación estará a cargo de Iván Silvero Salgueiro (GESP).

Contacto y consultas: 

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(011) 1536611205

Para más información, acceda a la gacetilla informativa de la conferencia.

Invitamos a todxs a participar de la Charla-Debate: “Paraguay: nuevas tendencias golpistas y resistencia popular”. 

Organizan: Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay y CIDAC Barracas.

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), sede Santiago del Estero N° 1029, aula 104.

Fecha: 29 de Junio de 2012. 19 hs.

Participan: el Dr. Gerardo Halpern y Magdalena López.

En la charla, el Dr. Gerardo Halpern y Magdalena López contextuarán el escenario político paraguayo y brindarán información respecto de los recursos normativos utilizados para dar una fachada legal a esta maniobra golpista. Se abrirá el debate para conversar sobre lo que sucedió la semana pasada en Paraguay, que dio como resultado la abrupta "remoción" del Presidente Fernando Lugo tras un juicio político express, sin argumentos válidos y sin evidencias probatorias de las causas que lo generaron.

El encuentro tiene como principal interés brindar información sobre el Golpe de Estado disfrazado de juicio político y sobre la resistencia popular que se está ejerciendo en estos momentos en diferentes lugares del país vecinos.

Invitamos a todxs a participar de la Charla-Debate: "Participación política, voto y migración: demandas colectivas en origen y destino. Los casos de la campaña “Aquí vivo, aquí voto” y del voto de los migrantes paraguayos en el exterior"

Organizan: Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay y CIDAC Barracas.

Lugar: Sala de Consejo Directivo. Marcelo T. de Alvear 2230, primer piso.

Fecha: 30 de Septiembre de 2011. 19 hs.

Participan: Celestín Negumbi (Aquí vivo, Aquí voto), Gisela Cardozo (Aquí vivo, Aquí voto), Magdalena López (GESP-UBA) y María Inés Pacecca (UBA-ADC).

Invitamos a todxs a participar de la Charla-Debate "Paraguay contemporáneo: transiciones políticas, migratorias y sociales"

Organiza: CIDAC Barracas y Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay.

Lugar: Marcelo T. de Alvear 2230. Primer piso. Sala de Consejo Directivo.

Fecha: 03 de Septiembre de 2011. 14 hs. a 17 hs. 

ConversanSebastián Bruno (GESP-UBA), Laura Gottero (GESP-UBA). Magdalena López (GESP-UBA-CONICET). Gabriela Mera (GESP-UBA-CONICET).