2016

Diciembre de 2016

Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP) apoyamos y acompañamos la lucha de lxs becarixs e investigadorxs de CONICET que se encuentran peleando por la continuidad laboral de 500 investigadorxs en formación cuyo ingreso a la Carrera de Investigador Científico (CIC) fue denegado.

Rechazamos el ajuste que golpea fuertemente al sistema educativo, universitario y científico. Respaldamos las medidas tomadas y llamamos a que más personas se solidaricen con la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica.

Repudiamos la persecución y la campaña llevada adelante para desprestigiar a lxs trabajadorxs de la ciencia, reconociendo que nuestro trabajo cotidiano no sería posible sin Universidad pública ni presupuesto para investigación.

Desde el GESP tenemos en claro que no habrá desarrollo sin ciencia ni igualdad sin lucha. En particular, nuestro grupo de estudios se nutre y se ha nutrido de las investigaciones de becarixs y miembros de carrera de CONICET, que estudian distintos aspectos de la sociedad y la cultura paraguayas. Así hemos podido consolidar y sostener un espacio autogestivo y horizontal de generación de conocimiento en torno a un objeto históricamente desatendido, hemos organizado actividades y talleres gratuitos abiertos al público y nos hemos posicionamos políticamente en torno a las problemáticas que afectan al pueblo paraguayo, tanto en su país como en la migración. Nuestra elaboración teórica no es solo un fin en sí mismo, sino que contribuye a derribar mitos estigmatizantes, profundamente arraigados en nuestra sociedad, en torno a los migrantes y a la cultura paraguaya.

La campaña de desprestigio hacia lxs trabajadorxs de CONICET que se ha difundido por algunos medios masivos de comunicación, ha sido especialmente insidiosa con las investigaciones de ciencias sociales y humanidades. Entendemos que forma parte de la misma estigmatización que hemos denunciado reiteradamente, puesto que está basada en lugares comunes conservadores, sin fundamento ni evidencia y –claro está– sin criterio científico. Por lo cual, denunciamos el componente altamente ideológico y político de esa estigmatización.   

Repudiamos el modelo de investigador que se intenta imponer, basado en una lógica del “emprendedorismo” (que, por otra parte, ni siquiera es real en el empresariado argentino). Investigar es trabajar y lxs investigadorxs somos trabajadorxs, no “emprendedores” a la caza de la ganancia capitalista. Somos trabajadorxs que trabajamos para (y discutimos) una política científica estatal. En nuestro grupo, lo hacemos con la profunda convicción de que esa política debe direccionarse hacia las necesidades e intereses de las mayorías populares.     

Decimos no al recorte en ciencia y técnica, no al vaciamiento de la educación y no a la persecución a lxs trabajadorxs.

#NavidadenCONICET

#NoAlAjusteEnCyT

¡Viva la lucha de lxs trabajadorxs de CONICET!

Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay, queremos invitarlos a la Charla debate “200 años de la Dictadura Perpetua. El Dr. Francia y su vía política en el 1816 del Cono Sur”.

La misma tiene por objetivo retomar la historia de la instauración de la Dictadura Perpetua del Dr. Francia de Paraguay en perspectiva regional, frente a las otras alternativas políticas como fueron La Liga de los Pueblos Libres, bajo el liderazgo de Artigas, y el Congreso de Tucumán. 

En el marco de los 150 años de la Guerra contra la Triple Alianza o Guerra del Paraguay y frente a la integración de nuestros países -en aquel entonces beligerantes- en el MERCOSUR, es menester retomar los debates de la constitución de nuestros Estados naciones y ampliar el espacio de la mirada en el contexto regional. Las independencias y sus proyectos políticos, las élites victoriosas y las derrotas de los proyectos alternativos, pueden aportar a una mirada no sólo regional sino también interpelar a las identidades actuales.

 

Día y Horario: 27 de Octubre a las 19 hs.

Lugar: Marcelo T de Alvear 2230, Tercer piso, Aula 306 (Facultad de Ciencias Sociales).

Disertarán: Viviana Civitillo (UBA), Carlos Castells (CONICET/UNaF/UNR), Ignacio Telesca (CONICET/UNaF).

12 de julio de 2016

¡NULIDAD YA!

Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre el Paraguay (GESP) queremos expresar nuestro repudio al fallo del juicio por la masacre de Curuguaty, perpetrada en 2012 con intenciones de generar un clima de violencia y represión sobre el movimiento campesino.
Ese episodio fue usado para gestar el golpe parlamentario que derrocó el gobierno de Fernando Lugo. Esta maniobra, confirmó la permanencia en el poder de sectores asociados al stronismo así como demostró la persistencia de mecanismos políticos heredados de la dictadura militar.

El golpe parlamentario significó la reorganización en el poder de una elite política fuertemente conservadora y reaccionaria que sin discriminar los colores partidarios, se organiza y coaliga en contra de los movimientos campesinos, los más emblemáticos en la lucha contra el sistema. 
Ayer, junto con el resto de la opinión pública, fuimos testigos de la condena, con severas penas, para los campesinos que sufrieron la masacre de junio de 2012, quienes fueron culpados sin evidencia ni pruebas fehacientes y con un proceso viciado desde el principio. La causa se constituyó en una farsa jurídica de repercusión internacional y los campesinos injustamente encarcelados despertaron solidaridad de todos los movimientos sociales y organismos de derechos humanos.

Los once campesinos acusados, encontrados “culpables” y condenados, enfrentarán entre 4 y 35 años de cárcel: Rubén Villalba (30 años de prisión y 5 años más de medidas de seguridad); Luis Olmedo (20 años), Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benitez (18 años); Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López (6 años); y Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería (4 años de cárcel). El desenlace del juicio, plagado de irregularidades, falsas acusaciones, evidencias “plantadas” y contra-testimonios, sólo re victimiza a las víctimas, al tiempo de que señala lo parcial y corrupta que la justicia paraguaya es al actuar a favor de los poderes económicos y políticos concentrados.

Consideramos que el juicio es una arremetida del poder político para propinar una derrota histórica al movimiento campesino y a los sectores populares en su conjunto para fortalecer la política económica extractivista, basada en el monocultivo y en la depredación de los recursos naturales, y asociada a la mafia del narcotráfico. Las pruebas para exigir la nulidad del juicio fueron repetidamente difundidas por distintas organizaciones de derechos humanos.

Desde el GESP hemos acompañado la campaña por la libertad de los campesinos criminalizados y sus repetidas huelgas de hambre. Manifestamos, nuevamente ahora, nuestra solidaridad con ellos y la exigencia de NULIDAD YA.

 

19 de abril de 2016

Exigimos reforma agraria integral y apoyo a la economía cooperativista

Paraguay se encuentra atravesando una de las experiencias de lucha campesina más importante de los últimos tiempos. Una gran movilización popular, en principio de campesinos que reclaman la condonación de sus deudas y cooperativistas que rechazan el pago de mayores impuestos, ha ganado la capital paraguaya en los últimos quince días.

Desde entonces, una gran cantidad de colectivos estudiantiles, de trabajadores, agrupaciones territoriales, culturales han mostrado su solidaridad con los pequeños productores agropecuarios y sus reclamos, sumándose a su lucha desde diversas formas.

La visibilidad de la cuestión social agraria no es nueva, desde aquella histórica primera marcha sobre Asunción hecha en el año 1992, el movimiento campesino paraguayo ha llegado hasta la capital del país infinidad de veces, trayendo consigo las demandas históricas de este sector social, destacándose entre ellos el eterno problema de las deudas imposibles de asumir y la falta de financiación para el sostenimiento de la pequeña propiedad campesina y la agricultura familiar y cooperativista.

Las deudas a las que refieren los campesinos derivan de un conjunto de créditos ofrecidos por el Estado paraguayo para que los productores de pequeña y mediana escala, volcasen su actividad a la caña de azúcar y la chía, entre otros.

Las semillas brindadas fueron de mala calidad, los préstamos no tuvieron en cuenta la variación del precio internacional y las deudas acumuladas por las miles de familias campesinas resultaron impagables.

La responsabilidad estatal sobre la crisis económica de los cooperativistas y campesinos es innegable, por lo que demandan la condonación de las deudas.

Por su parte, los manifestantes cooperativistas también se declaran en contra del cobro del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los intereses de los préstamos concedidos a socios, lo cual fue determinado por Ley y complica aún más su situación, al tiempo que confunde las bases fundacionales del cooperativismo, aplicando máximas y tributaciones similares a las que deberían cobrarse a las firmas bancarias.

El gobierno de Cartes, siguiendo en la tónica de sus predecesores, se ha mostrado reacio a dar respuesta al “problema campesino”. El gobierno se ha mostrado proclive a la protección y al subsidio de los grandes productores sojeros y ganaderos, cubriendo parcialmente el costo del combustible, y beneficiándolos con una tasa de presión impositiva cercana a cero, pero se ha mantenido completamente contrario a responder a las demandas campesinas, despreciando abiertamente a los manifestantes

Esta es una problemática de largo plazo en Paraguay. En un país con una economía fuertemente primarizada y que se encuentra entre los países con mayor distribución desigual de la propiedad agraria, el “problema campesino” se ubica en el centro de la escena social y política del país.

La historia de la lucha por la tierra en el Paraguay puede entenderse como la historia de una brutal desposesión.

La larga tradición de luchas populares democráticas han tenido como una de sus banderas inclaudicables la realización de una reforma agraria integral, en busca de la democratización del acceso a la tierra, reclamo que afecta al corazón del modelo de acumulación paraguayo.

En efecto, la desigual distribución de la tierra es uno de los límites más importantes a una efectiva democratización de la sociedad paraguaya. Los sectores conservadores que han dirigido el país durante décadas han visto en el mantenimiento del latifundio y la gran propiedad agraria una de las bases genuinas de su poder.

Esta desposesión ha sido acompañada, como suele suceder en este tipo de procesos, de un doble ataque a la población campesina, con el claro objetivo de un disciplinamiento social. Por un lado, las organizaciones campesinas han sido sistemáticamente y salvajemente reprimidas, y la población del campo ha sido sometida a una brutal violación de sus derechos humanos, sociales y políticos, despojándolos de sus más básicas libertades constitucionales. Dan cuenta de ello, los numerosos asesinatos de dirigentes campesinos por el sicariato al servicio de los grandes propietarios y las mafias rurales, con la evidente complicidad del Estado. Por otro lado, desde el poder político y los medios masivos de comunicación (concentrados en unas pocas manos) se ha promovido la construcción de un discurso anti-campesino, transformándolos en un “otro” peligroso, agresivo, salvaje, “vago” e incluso corrupto que viene a perturbar la paz de la sociedad urbana, supuestamente ajena a ella.

No obstante estos ataques, el movimiento campesino paraguayo se mantiene firme en su lucha, y se ha movilizado por miles para exigir una solución a sus problemáticas. Algunos sectores sociales han manifestado su apoyo al reclamo de los agricultores, sumando a su vez sus propias demandas. Desde entonces, el país se encuentra en un estado de agitación y movilización que nos obliga a tomar posición.

Desde el GESP nos sumamos, junto a todas las organizaciones democráticas del Paraguay, al apoyo de las demandas de los productores y cooperativistas, con la firme creencia de que en el camino de una expansión de las garantías y libertades democráticas y en lucha contra los sectores conservadores y reaccionarios, es necesario la distribución igualitaria de la tierra, apoyo a las economías agrarias familiares y fomento a la solidaridad cooperativista.

Hacemos nuestro acompañamiento y llamamiento a la lucha popular. Reforma Agraria Integral YA!

 

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30 de enero de 2016

La reciente muerte de Carolina Marín de 14 años en la localidad de Vaquería (Caaguazú) volvió a visibilizar una práctica repetidamente denunciada por los organismos de DD. HH., la reducción a servidumbre de niños y niñas pobres a través del sistema de criadazgo, práctica largamente extendida en el país.

Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre el Paraguay (GESP-IEALC, UBA), nos sumamos al pedido de justicia por Carolina y a la denuncia del sistema de criadazgo que expone a miles de niños y adolescentes a situaciones de una vulnerabilidad semejante. Distintas organizaciones, y la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA) presentaron un informe en 2014, sosteniendo que habría más de 45.000 niños, niñas y adolescentes que viven en situación de criadazgo, sometidos a largas jornadas laborales de trabajo infantil doméstico a cambio de techo, comida, vestimenta y con la promesa de ser escolarizados. La amplia mayoría de estos niños está expuesta a distintos tipos de violencia que condicionan su desarrollo individual y dejan fuertes secuelas emocionales y psíquicas. Esto genera una situación de servidumbre de la que difícilmente se puede escapar, puesto que son plausibles víctimas de otras formas de explotación de trata de personas o explotación sexual. De hecho, según el informe de la SNNA: “El 58% de las víctimas de la trata de personas trabajaba como personal doméstico antes de ser captada por los tratantes. Esto significa que 6 de cada 10 mujeres que son víctimas de la trata de personas fueron antes trabajadoras domésticas o criaditas. En cuanto adolescentes explotadas sexualmente, casi un 90% fueron previamente trabajadores infantiles domésticos en el sistema de criadazgo. Esto nos dice que 9 de cada 10 adolescentes explotadas sexualmente fueron antes criaditas o trabajadoras domésticas en su niñez. La relación es tan directa que es difícil no pensar en el criadazgo como su causa principal.”

El caso de Carolina también pone en evidencia las irregularidades del sistema de adopción, puesto que ella había sido entregada en guarda al matrimonio del militar retirado Ferreira Rojas y la jueza de paz Ramona Melgarejo, y su muerte muestra la falta de control de los dispositivos de adopción y protección de la niñez, y cómo un matrimonio con injerencia en las instituciones del Estado puede violarlos fácilmente.

Es por ello que urge un cambio de carátula en la investigación del caso, el “homicidio culposo” no considera la total responsabilidad de sus tutores ni contextualiza la situación de servidumbre y opresión en que vivía la niña.

El arraigo de esta práctica solo es posible por la pervivencia de una estructura económica y cultural que condena a los sectores más pobres a condiciones de servidumbre naturalizadas por gran parte de la sociedad. Asimismo, las niñas y mujeres son particularmente vulnerables en este contexto en el que el Estado no garantiza la protección necesaria a las víctimas de violencia sexual, ni prioriza políticas en torno a la salud reproductiva. La entrega de niños como criados suele ser una salida obligada para las madres pobres y/o solteras.

El “criadazgo”, como acuerdo entre una familia pobre que “entrega” a una de sus hijas-niñas y una familia con mejor situación económica que acepta y “emplea” a la pequeña, encubre el siniestro acuerdo entre patriarcado y capitalismo.

Las/los menores son la muestra de problemáticas generadas en el seno de sociedades que necesita de la mano de obra cuasi-esclava o esclava para la reproducción del trabajo doméstico. Son, al mismo tiempo, catalogados como casos de “trabajo infantil”, término acuñado para describir la realidad de los niños de familias pobres, que tienen que “asistir” desde pequeños a las economías domésticas, para intentar disminuir la falta de ingresos, dando cuenta de una desigualdad estructural.

Nos sumamos al pedido de distintas organizaciones sociales por la erradicación plena del criadazgo, lo cual requiere no solo de su sanción penal, sino de políticas de erradicación de la pobreza y de derechos laborales, así como de una fuerte denuncia social que reconozca la veta autoritaria, por la continuidad de la cultura stronista, oculta tras este tratamiento infligido sobre los sectores vulnerables.

 

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