Comunicado Privada y pública: la violencia machista sobre una niña de 10 años

Mayo de 2015

1º violencia: Una niña de diez años fue abusada, violada (se cree que sistemáticamente) y embarazada por su padrastro.

2º violencia: El Estado en todas sus esferas niega la atención necesaria a la niña tras decidir prohibirle la realización de un aborto seguro y monitoreado médicamente en un hospital, quitándole su derecho a la vida, exponiéndola a un parto de riesgo.

3º violencia: La madre fue imputada por faltar a su obligación de cuidar a la niña, como si esa obligación fuera sólo de la madre, como si el padre, la sociedad y el Estado no tuviesen responsabilidad alguna en el cuidado de la infancia y la adolescencia, y como si la madre no fuera una posible víctima del mismo contexto de violencia. La madre, confirman, había denunciado los abusos del padrastro ante la justicia, la misma justicia que ahora decide culpar a la madre por no cuidar a su hija.

4º violencia: el padrastro está prófugo.

5º violencia: el Ministro de Salud confirmó descartar completamente la realización del aborto porque la vida de la madre no está en riesgo. Una madre de 10 años y de menos de 40 kilogramos de peso.

6º violencia: la niña viene de un familia pobre, que no puede llevarla a abortar a una clínica privada con los beneficios que tienen quiénes sí pueden pagar por dicho servicio. La mercantilización de la salud divide aún más las prestaciones entre clases sociales y las clasifica, marcando más las jerarquías, lo cual se hace particularmente evidente en el Paraguay que carece de una tradición en salud pública. Las pobres serán niñas-madres o morirán en el intento, las ricas podrán con un manojo de billetes dar un fin a la escalada de violencia.

Contexto de violencia

Estos casos descriptos no son aislados. Solamente en el año 2014 se registraron en Paraguay 680 casos de niñas embarazadas. Según datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), entre 2006 y 2009 nacieron 2074 niños cuyas madres tenían entre 10 y 14 años, asimismo más de dos centenares reportaron abortos.

Más allá del dato numérico, este caso, que salió a la luz porque se volvió mediático, es la expresión de un sistema patriarcal que funciona desde todos los dispositivos posibles. En primer lugar, en el espacio del seno familiar: la niña violada por su padrastro, la violencia del hogar expresada en ese abuso, la creencia de propiedad del hombre por sobre el cuerpo de una niña, el delito consagrado una y otra vez y la impunidad de la reiteración del acto delictivo. Además, en el plano institucional, la justicia sanciona a la madre, denunciante pero no escuchada a tiempo, y rubrica socialmente la violencia del hogar que, lejos de ser simplemente íntima y familiar, se asienta sobre patrones largamente estructurados en la cultura. Finalmente, el sistema médico le niega la ayuda a la niña y el sistema judicial se la prohíbe legalmente. En el gobierno paraguayo (y en la mayoría de los países latinoamericanos), subyace la concepción del aborto como “permiso del Estado” a mujeres pecadoras y no como derecho y garantía de mujeres que deben decidir sobre sus cuerpos, pero esta concepción que vulnera los derechos de todas las mujeres, se convierte en una justificación pública de la violencia machista ante los casos concretos de las víctimas directas.

En nuestra región, es necesario luchar por el aborto legal, gratuito y seguro, pero, además, es urgente luchar contra la violencia de género y el patriarcado. Lo uno no puede avanzar sin lo otro, y mientras no avancen, las mujeres siguen siendo el depósito de una larga cadena de violencias.