El GESP auspicia actividad sobre la Guerra contra la Triple Alianza en Buenos Aires

El Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay junto con otras organizaciones e instituciones, auspicia y acompaña las Jornadas "A 150 años de la Guerra Guasu. Hechos y Contextos. Historiografía y Representaciones" a desarrollarse los días 24, 25 y 26 de junio del corriente año.

La actividad, organizada por el Archivo Nacional de la Memoria, Cátedra de Historia del PAraguay (FFyL-UBA) y el CEHPY (Centro de Estudios Históricos del Paraguay), convoca mediante diversos ejes a expositoras/es especializados en la temática de la Guerra Grande que hace 150 años enfrentó a Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

Para más información, les recomendamos descargar aquí la circular.

Si desean ver el programa de la actividad pueden ingresar aquí.

La Guerra del Paraguay, Guerra Grande o Guerra contra la Triple Alianza

Pocos acontecimientos en la historia latinoamericana han tenido tal efecto de bisagra para una nación, y para toda una región aunque sus consecuencias hayan permanecido tapadas por el relato vencedor, como la Guerra contra la Triple Alianza, que enfrentó a Paraguay con los aliados Brasil, Argentina y Uruguay. Como era esperable, la guerra también se convirtió en el centro del debate intelectual y, en torno a ella, se constituyeron algunas de las líneas historiográficas que hasta el día de hoy marcan los análisis, la estructura y puntos de vista de los relatos que se disputaron la construcción de la historia nacional en el Paraguay pero también en el Cono Sur. 

Ocasionalmente, los debates han contribuido al desarrollo de la investigación y el interés históricos sobre el conflicto, pero cuando han sido utilizados como factor de poder, se han abocado a una historiografía facciosa, maniquea y en consecuencia clausurada a toda polémica. Lo cual quedó cristalizado en las versiones cerradas de los discursos nacionalista y liberal que se abocaron a justificar, mediante ello, su potestad sobre los despojos que dejó la guerra.

En este año se cumplen 150 años del estallido del conflicto, y desde el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay proponemos recuperar la instancia de debate como problema político, no solamente académico que cierra el acontecimiento en el pasado, sino en su plena vigencia como punto de inflexión de la constitución de los Estados nacionales que hoy conforman el MERCOSUR.

 

Acceda aquí a Apuntes para lecturas iniciales. Cuaderno I.

 

 

Queremos agradecer a Dr. Ignacio Telesca, Dra. Liliana Brezzo, Dra. Barbara Potthast, Dra. Milda Rivarola, Dr. Thomas Whigham, Dra. Jennifer French, Dr. Luc Capdevila, Dra. Victoria Baratta, Dr. Herib Caballero Campos, Dr. Dardo Ramírez Brechi y Dr. Francisco Doratioto por sumarse a esta propuesta y brindarnos sus recomendaciones.

 

Privada y pública: la violencia machista sobre una niña de 10 años

1º violencia: Una niña de diez años fue abusada, violada (se cree que sistemáticamente) y embarazada por su padrastro.

2º violencia: El Estado en todas sus esferas niega la atención necesaria a la niña tras decidir prohibirle la realización de un aborto seguro y monitoreado médicamente en un hospital, quitándole su derecho a la vida, exponiéndola a un parto de riesgo.

3º violencia: La madre fue imputada por faltar a su obligación de cuidar a la niña, como si esa obligación fuera sólo de la madre, como si el padre, la sociedad y el Estado no tuviesen responsabilidad alguna en el cuidado de la infancia y la adolescencia, y como si la madre no fuera una posible víctima del mismo contexto de violencia. La madre, confirman, había denunciado los abusos del padrastro ante la justicia, la misma justicia que ahora decide culpar a la madre por no cuidar a su hija.

4º violencia: el padrastro está prófugo.

5º violencia: el Ministro de Salud confirmó descartar completamente la realización del aborto porque la vida de la madre no está en riesgo. Una madre de 10 años y de menos de 40 kilogramos de peso.

6º violencia: la niña viene de un familia pobre, que no puede llevarla a abortar a una clínica privada con los beneficios que tienen quiénes sí pueden pagar por dicho servicio. La mercantilización de la salud divide aún más las prestaciones entre clases sociales y las clasifica, marcando más las jerarquías, lo cual se hace particularmente evidente en el Paraguay que carece de una tradición en salud pública. Las pobres serán niñas-madres o morirán en el intento, las ricas podrán con un manojo de billetes dar un fin a la escalada de violencia.

Contexto de violencia

Estos casos descriptos no son aislados. Solamente en el año 2014 se registraron en Paraguay 680 casos de niñas embarazadas. Según datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), entre 2006 y 2009 nacieron 2074 niños cuyas madres tenían entre 10 y 14 años, asimismo más de dos centenares reportaron abortos.

Más allá del dato numérico, este caso, que salió a la luz porque se volvió mediático, es la expresión de un sistema patriarcal que funciona desde todos los dispositivos posibles. En primer lugar, en el espacio del seno familiar: la niña violada por su padrastro, la violencia del hogar expresada en ese abuso, la creencia de propiedad del hombre por sobre el cuerpo de una niña, el delito consagrado una y otra vez y la impunidad de la reiteración del acto delictivo. Además, en el plano institucional, la justicia sanciona a la madre, denunciante pero no escuchada a tiempo, y rubrica socialmente la violencia del hogar que, lejos de ser simplemente íntima y familiar, se asienta sobre patrones largamente estructurados en la cultura. Finalmente, el sistema médico le niega la ayuda a la niña y el sistema judicial se la prohíbe legalmente. En el gobierno paraguayo (y en la mayoría de los países latinoamericanos), subyace la concepción del aborto como “permiso del Estado” a mujeres pecadoras y no como derecho y garantía de mujeres que deben decidir sobre sus cuerpos, pero esta concepción que vulnera los derechos de todas las mujeres, se convierte en una justificación pública de la violencia machista ante los casos concretos de las víctimas directas.

En nuestra región, es necesario luchar por el aborto legal, gratuito y seguro, pero, además, es urgente luchar contra la violencia de género y el patriarcado. Lo uno no puede avanzar sin lo otro, y mientras no avancen, las mujeres siguen siendo el depósito de una larga cadena de violencias.

 

El GESP coordina mesa en I Congreso Latinoamericano de Teoría Social (Agosto,Buenos Aires)

El Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay, representado por Gabriela Mera, Carla Benisz, Laura Gottero y Magdalena López, presentará una mesa en el I Congreso Latinoamericano de Teoría Social (19 al 21 de agosto en la Universidad de Buenos Aires, Argentina).
Adjuntamos aquí información de dicha mesa, invitándolxs a todxs a participar también de estas jornadas de debate e intercambio.


MESA 33 | Discusiones críticas contemporáneas sobre el Paraguay: el desafío renovado de la teoría social
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Resumen:
Paraguay no es, como se lo ha caracterizado frecuentemente, un "cementerio de teorías" ni el ejemplo de la excepcionalidad más difícil de "englobar" al momento de caracterizar los procesos sociales latinoamericanos. Sin embargo, los esfuerzos por evadir este paradigma han llevado a investigadoras/es a crear paralelismos y comparaciones forzadas, o a eliminar Paraguay de los grandes atlas políticos de la región, cuando no a su inclusión forzada en interpretaciones apriorísticas que niegan sus especificidades históricas y culturales. Diversos paradigmas de análisis e interpretación de la realidad social muestran importantes limitaciones al momento de estudiar al país con "la dictadura más larga del Cono Sur", "dos de los partidos más antiguos de América Latina", "uno de los crecimientos económicos más desiguales de la región", "que se ubica entre los tres países más desprovistos de derechos laborales y previsión social". Consideramos que estas definiciones cristalizadas, que a menudo se transforman en clichés de la investigación social, obturan interpretaciones más complejas o reflexiones críticas renovadas que aporten otras perspectivas de análisis. Por lo expuesto, el desafío es realizar propuestas e ideas que conduzcan a resignificar la teoría social vigente para poder interpretar los momentos históricos y las dinámicas sociopolíticas, económicas y culturales actuales de Paraguay, sin forzar ni excluir, colaborando al mismo tiempo con la creación de una teoría social latinoamericana que incorpore a todos los Estados no sólo los más "renombrados dentro de las ciencias sociales" y rescate la historia del Paraguay (que es, asimismo, parte de la historia de Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, como la Guerra contra/de la Triple Alianza y la del Chaco dan muestra).
En este sentido, se esperan colaboraciones que, desde las más diversas disciplinas, contemplen la relación entre teoría social y nuestras realidades latinoamericanas enfatizando las tensiones y conflictos por sobre las recetas armadas y universalistas.

El envío de resúmenes se realiza por la plataforma virtual, acceda al mismo haciendo click aquí

Y es posible realizarlo hasta el 19 de junio.

Sobre el Proyecto de reforma del Código Procesal Penal

De manera cíclica, cuando la economía argentina inicia su fase compleja o evidencia algún signo de decadencia, los inmigrantes (especialmente los provenientes de países limítrofes) se conforman en el colectivo que experimenta todos los intentos gubernamentales de encontrar un chivo expiatorio.

   Desde la Ley de Residencia, hasta el intento de bloquear completamente las fronteras; desde los proyectos de leyes de los noventa en los que se instaba a “los vecinos nacionales” a denunciar a aquellos habitantes nacidos en otros países y denominados “ilegales”, desde las acusaciones infundadas de robar el trabajo a “los lugareños” y saturar los sistemas públicos de salud y educación, hasta la afirmación de que “Estamos infectados de delincuentes extranjeros” (Berni,28/10/2014), los argumentos que criminalizan, discriminan y estigmatizan a los migrantes se han radicalizado y han mutado a lo largo de las décadas.

   Actualmente nos encontramos en una nueva mutación que puede llegar a tener fuertes consecuencias para la vida institucional del país. Puesto que el proyecto de Código Procesal Penal recientemente elevado por el Poder Ejecutivo para que sea discutido en el Parlamento, manifiesta, en su artículo 35, un tratamiento diferencial del acusado si éste fuera inmigrante. Allí, en un agregado que no corresponde a ningún ítem en particular, se estipula que la suspensión de la prueba “podrá aplicarse a un extranjero en situación irregular en el país que haya sido sorprendido en flagrancia de un delito, conforme con el artículo 184 de este Código, o imputado por un delito con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a TRES (3) años de prisión. La aplicación del trámite previsto en este artículo implicará la expulsión del territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho de reunificación familiar”.

   Consideramos que este tratamiento diferencial del inmigrante contribuye a estigmatizar u otorgarle especial peligrosidad a su condición, ya que supone que ésta es una cuestión que debe ser tenida en cuenta a la hora de juzgar sus delitos. Pero además, esta propuesta contiene al menos dos cuestiones que –pensamos– deben ser reconsideradas. En primer lugar, el hecho de que está dirigida al delito pequeño, de tres años o menos de prisión, y no –como afirmó el Secretario de Seguridad (en el programa de televisión “Palabras más, palabras menos”,28/10/14)– a las asociaciones ilícitas que migran a la Argentina exclusivamente para delinquir. Por otro lado, la flagrancia se convierte en una especie de agravante de la pena, lo cual le otorga a una fuerza de policía sumamente cuestionada, el carácter de testigo de parte, que dé cuenta y prueba de que justamente se trata de un delito in fraganti.

   En conjunto, este artículo parece vulnerar aún más a sectores ya vulnerados tanto por la migración como por la pobreza y con ello constituye una doble discriminación, de nación y de clase. No solo porque apunta al pequeño delito, sino porque una posible expulsión podría significar un beneficio para los delincuentes verdaderamente poderosos capaces de negociar condiciones óptimas de recepción en sus países de origen, mientras que constituiría en un doble castigo para el pobre, castigo por haber delinquido y por ser un inmigrante “irregular”.   

   Consideramos que estas cuestiones merecen ser debatidas honestamente y revisadas por los legisladores para evitar formas “legales” de discriminación y en aras de superar las estigmatizaciones todavía presentes en la sociedad, fundamentalmente en ciertos discursos facilistas, con fuerte eco en los medios de comunicación más conservadores, que esconden bajo el argumento de la “otredad” migrante, los mecanismos de desigualdad –verdaderamente constitutivos del delito– de los que ellos son parte privilegiada.

Contra las declaraciones xenófobas del Secretario de Seguridad de Argentina, Sergio Berni

Agosto de 2014

Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay repudiamos las declaraciones del Secretario de Seguridad Sergio Berni, en las que sostuvo que Argentina debería deportar a los “delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir”. En numerosos estudios se ha demostrado que la incidencia de los inmigrantes en los índices de criminalidad es irrisoriamente baja. Así como se ha demostrado que los migrantes tampoco inciden en la profundización del desempleo. Estos argumentos son xenófobos y pretenden culpabilizar a un colectivo por “portación de nacionalidad”, así como en otros momentos de la historia se ha acusado y estigmatizado por “portación de cara”. Acusaciones similares a las del Sr. Berni fueron anteriormente sostenidas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el contexto de “la toma” del Parque Indoamericano y reproducen las narrativas de la década del ’90, en la que se buscó depositar en los inmigrantes limítrofes los problemas de la falta de trabajo y pobreza tan característicos del modelo económico. Hacer una lectura nacionalista de los actos delictivos sólo sirve para profundizar la discriminación y desoír las claras relaciones que existen entre estas actividades y la desigualdad económica existente en la región. Declaraciones como "Este fin de semana detuvimos más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir. Esto corresponde a la laxitud del sistema penal y del penitenciario" alimentan la xenofobia e impiden un abordaje real de las características de la migración regional a la Argentina, así como tampoco colaboran a disminuir la “inseguridad”. 

Desde el GESP, hacemos un llamado a eliminar estos estigmas y a evitar un retorno discursivo a los ’90, década en la que los migrantes limítrofes fueron acusados injustamente de las consecuencias económicas de un sistema desigual, no distributivo y empobrecedor de gran parte de la sociedad.

Acompañamos la Huelga del 26 de Marzo en Paraguay

Marzo de 2014

Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP) apoyamos la Huelga General en Paraguay del 26 de marzo. Creemos, como siempre hemos manifestado, que sólo la organización y la lucha popular pueden revertir las injusticias políticas, sociales y económicas que han padecido los pueblos de Latinoamérica.
Este miércoles 26 estaremos con cada campesina/o trabajador/a y estudiante que marche por Paraguay. Acompañamos toda acción de resistencia popular que tienda a la construcción de un sistema justo e igualitario.

Invitamos a todxs a sumarse a las movilizaciones, marchas y piquetes.

Criminalización de la Protesta Campesina en Paraguay

Buenos Aires, septiembre de 2013. El Movimiento 138, apoyado por el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (IEALC-UBA) invitan a la Charla Debate

"CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA CAMPESINA EN PARAGUAY"

Encuentro libre y gratuito, el próximo viernes 20 de septiembre, 17.00 Hs.  en el aula 206 de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires), Santiago del Estero 1029, Constitución.

Acerca de los expositores:

En la charla expondrán JUAN MARTENS y DANTE LEGUIZAMÓN, ambos abogados especialistas en Derechos Humanos.

Contacto y consultas:

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Comunicado del GESP en repudio a la modificación de la Ley de Defensa y Seguridad

23 de agosto de 2013

Desde el Grupo de Estudios Sociales sobre el Paraguay (GESP- IEALC,UBA) hemos manifestado repetidamente nuestra preocupación por la escalada en la violencia represiva que viene sufriendo la población paraguaya, tanto a través de la acción directa del aparato represivo estatal o del sicariato para-estatal como a través de montajes institucionales judiciales que vulneran los más inmediatos derechos individuales.

El reciente ascenso al Poder Ejecutivo del empresario Horacio Cartes, quien eligió al Partido Colorado para oficializar su candidatura, está corroborando en estos momentos los temores que las organizaciones sociales y de derechos humanos le dedicaban. Entendemos que la modificación a la ley de Defensa Nacional, resuelta por el Congreso, le otorga una fachada legalista al Estado para desplegar su aparato represivo. Lo cual, sumado a la sistemática violación de las garantías constitucionales operada en el juicio de Curuguaty, abre un panorama de extrema fragilidad para la defensa de los derechos humanos.

Entendemos que estamos transitando (hacia) un horizonte autoritario que, aunque mantenga una fachada de división de poderes, va reconstruyendo una línea de continuidad con lo más perfeccionado del stronismo en cuanto a la construcción de un enemigo interno: lo suficientemente impreciso para incluir en él a cualquier opositor y para sancionar cualquier conflicto social y, lo claramente preciso para demarcar una línea divisoria sobre quienes debe recaer todo el aparato represivo del Estado y quienes deben ser salvados. Creemos —casi con certeza— que esta ley redundará y ampliará las experiencias de persecución, apresamiento y eliminación de dirigentes y luchadores sociales sin solucionar el problema de la violencia mafiosa. 

Para justificar la militarización se argumentó la necesidad de tomar medidas en torno a lo ocurrido en Tacuati, donde murieron cinco personas presuntamente en manos del EPP (grupo del que no se ha investigado de manera relevante en casi una década y que ha servido, como bien se ha resaltado reiteradas veces, para intensificar la represión a las luchas campesinas en la zona de mayor conflicto social por la tierra).

Llama la atención la similitud con lo ocurrido tras la masacre de Marina kue (“la Masacre de Curuguaty"), detonante a partir del cual, una semana más tarde, se producía el Golpe de Estado Parlamentario. Seguimos sin saber qué pasó en Curuguaty y tampoco sabemos qué pasó en Tacuati.

En ambas situaciones, el actual presidente así como los dos partidos tradicionales (ANR y PLRA) tuvieron un rol preponderante tanto proponiendo las medidas como dando su apoyo a través de los votos.

Creer en las promesas de que, con estos dispositivos de mano dura, fortalecerán la democracia sería incurrir en un error histórico. Lo que se pretende es generar un consenso en torno a la inseguridad y a los enemigos potenciales internos (tal como se hizo durante la dictadura Stronista por medio de las “leyes liberticidas” Nº 294/55 y Nº 209/70, en las cuales “para defender la democracia” se habilita la persecución de “comunistas” o personas que “quisieran destruir las clases sociales”) para justificar la intervención del Estado por medio de las Fuerzas Armadas.

A escala regional se atravesó un proceso semejante que ocurrió en Perú y que dio origen al llamado ‘Fujimorazo’, en el que Fujimori, con el “fin de exterminar la guerrilla de Sendero Luminoso” en el campo, realizó un auto golpe, disolviendo el Parlamento y la Justicia, quedando un Ejecutivo extremadamente fuerte con el apoyo total de las Fuerzas Militares.

En junio del 2012 se consolidó en Paraguay un Estado autoritario que va ejerciendo un mayor poder represivo contra sectores populares a la par que otorga beneficios al sector más concentrado de los dueños del capital y la tierra.

Así como el año pasado repudiamos el así llamado "Juicio Político" a Lugo, por entender que era una maniobra neo-golpista para terminar con un mandato presidencial elegido por mayoría en elecciones libres, en el 2013 remarcamos nuestro rechazo rotundo a la militarización y repudiamos la modificación a la ley de defensa, sumándonos con ello al rechazo expresado por organizaciones sociales y partidos políticos opositores dentro del Paraguay.

Asimismo, aguardamos el pronunciamiento de repudio por parte de las fuerzas progresistas de la región y de los gobiernos como forma de reafirmar que la unidad regional debe solidificarse sobre la base del pleno respeto de los derechos humanos.

Queremos subrayar nuestra solidaridad con la lucha del campesinado, que viene soportando las arremetidas de distintos gobiernos, haciendo un especial llamado a la movilización social y la concentración popular.

Encuentro: Golpe y Derechos Humanos en Paraguay

Buenos Aires, marzo de 2013. ElCentro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (IEALC-UBA) y Movimiento 138 convocan a todas/os a participar del Encuentro Golpe y Derechos Humanos en Paraguay.

 

GOLPE Y DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY


Encuentro libre y gratuito, el próximo miércoles 6 de marzo, 17.00 Hs.  en el Auditorio del CELS. Piedras 547, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

En la charla expondrán Jorge LARA CASTRO (ex canciller paraguayo durante el gobierno de Fernando Lugo Méndez), Perla ÁLVAREZ (Integrante de CONAMURI), Clyde SOTO (Integrante de CODEHUPY), Domingo LAÍNO (presidente del PEICC) y Jorge TAIANA (ex canciller argentino).